Una sucesión de sentencias
desmiente las acusaciones
Acusaciones
de irregularidades, de prevaricación, de quebranto económico, de “trama de
corrupción”, incluso de financiación ilegal de partido… Todas ellas salieron a
la luz de forma abrupta en mayo de 2009, se prolongaron en el tiempo y acabaron
dando pie a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento
Vasco, con el objetivo de aclarar los hechos y señalar a los responsables del
llamado “Caso Margüello”.
Durante
todo este tiempo, fueron casi inexistentes los testimonios de las personas
acusadas de los hechos denunciados. Mientras, sin embargo, proliferaban las
filtraciones de informes acusatorios y las declaraciones de responsables
políticos, particularmente del PP y del PSE, que sistemáticamente daban por
ciertas todas las acusaciones. Lo denunció el propio Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) en su resolución de 5 de julio
de 2010.
Sin
embargo, casi cuatro años después, se empiezan a suceder dictámenes judiciales de
los juzgados de lo penal, de la Audiencia Provincial de Bizkaia y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que rechazan dichas acusaciones: ni
prevaricación, ni subidas escandalosas e ilegales de tarifas, ni quebranto
económico, ni trama.
Hablan
los testimonios que no tuvieron una tribuna pública, o dicho de otro modo, lo
que los medios no dijeron entonces ni han dicho todavía.
11
y 12 de mayo de 2009: recién producido el relevo del Gobierno, tras el pacto
del PP y el PSOE, Rafael Bengoa Rentería toma posesión de su cargo como Consejero
de Sanidad y empiezan a publicarse informaciones en El Mundo del País Vasco que alertan sobre lo que, presuntamente,
podría ser una trama de irregularidades en la gestión de Osakidetza en relación a los contratos con un grupo específico de
empresas vinculadas, al parecer, al Doctor José Carlos Margüello.
Ante la “alarma social” suscitada,
Bengoa anuncia en una rueda de prensa la apertura de un expediente informativo
interno para aclarar la situación. El expediente se filtra, aun siendo todavía
un borrador, a El Mundo y desencadena
una serie de actuaciones en el seno del Gobierno: Informe de la Oficina de
Control Económico, Informe de la Comisión Jurídica Asesora, remisión al
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, etc. que, basados todos en el informe inicial del
Departamento de Sanidad, llegan a parecidas conclusiones que son siempre publicadas
principalmente en El Mundo y, en
menor medida, en El País.
Todos
esos documentos carecen del trámite de audiencia a los afectados, que a su vez,
producen una indefensión, como recoge el informe del Ararteko. Tras más de un año de informes y filtraciones que
acusaban de irregularidades, se acaba creando una Comisión de Investigación en
el Parlamento Vasco, con comparecencias, teóricamente secretas, que prolongan,
al menos durante otro año más, las acusaciones vertidas. ¿Pero cuál es la
realidad qué se esconde tras todas estas imputaciones de prevaricación,
irregularidades y quebranto económico?
Pues bien, hay una realidad tan escondida como
incuestionable. Primero, el auto nº 90252/12 (30 de marzo de 2012) de la Audiencia Provincial de Bizkaia sentó que nunca
hubo prevaricación. Segundo, las sentencias 5/2013 (11 de enero de 2013) y
17/2013 (18 de enero de 2013) de la sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictaminan que las subidas de
tarifas que se calificaron como irregulares por el Departamento de Sanidad
dirigido por Bengoa se ajustaban a la legalidad y estaban justificadas. El
supuesto “quebranto económico” atribuido a estas subidas queda, por tanto,
también desmentido.
Tercero,
el edicto de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado, nº A223/11, de
fecha 18 de abril de 2012, al que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas remitió
el informe elaborado ad hoc a
solicitud de la Comisión de Investigación del Parlamento Vasco, determina que
no hay responsabilidad contable en ninguno de los aspectos sometidos a su
consideración.
Y
cuarto, de momento, la anulación de la autorización concedida en su día a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, de
fecha 16 de marzo de 2010 por parte del Departamento de Sanidad de Bengoa ha
sido, valga la redundancia, anulada. Es decir, la autorización estaba bien
concedida y el concierto sanitario con aquella empresa fue,
por tanto, incorrectamente anulado.
En
definitiva, todas estas sentencias contradicen contundentemente las principales
conclusiones del Dictamen que aprobó el Parlamento Vasco, a propuesta de la
Comisión de Investigación.
Conspiración y operación política
Entonces
¿qué es lo que ha sucedido con el “Caso Margüello”?
Jose
Ramón Elorriaga, por aquel entonces Director Territorial de Sanidad de Bizkaia,
fue uno de los protagonistas. Tuvo que someterse a un procedimiento judicial,
primero en el Juzgado de lo Penal nº 7, y después en la Audiencia Provincial de
Bizkaia, al ser acusado de prevaricación por la concesión de una autorización
de funcionamiento a la empresa Gestión de
Servicios Sanitarios XXI. Según confesó: “Me vi abrumado por filtraciones
de informes, teóricamente imparciales, que me acusaban de una irregularidad por
la que ninguna de esas instancias -ni Departamento de Sanidad, ni Tribunal
Vasco de Cuentas, ni Comisión Jurídica Asesora- me preguntaron nunca nada, y
eso que me dirigí a todos ellos pidiendo que me escucharan”.
Sin
embargo, Mikel Segovia, actual redactor de El
Mundo de El País Vasco y, por aquel entonces, periodista que destapó el
tema, afirma que sí intentaron contactar con ellos, pero que los acusados “en
principio se negaron a hablar”. Elorriaga lo niega tajantemente: “Nunca se
pusieron en contacto conmigo en aquella época. A mi sólo me llamó una
periodista de El País mucho tiempo
después, cuando comparecí en la Comisión de Investigación del Parlamento y el
daño ya estaba hecho”. Entonces, ¿Pudieron o no
expresarse en la prensa?
Y
esa no es la única pregunta que suscita el Caso. Una duda que todavía no ha
sido resuelta es: ¿Hubo una operación política detrás de todo esto? Gabriel Inclán, Ex Consejero de Sanidad y actual médico del hospital de Cruces
(Barakaldo), piensa que sí. “Desde mi punto de vista, al principio creyeron que
había materia y quisieron utilizarla para atacar al Gobierno del PNV. Pronto se
dieron cuenta de que aquello era mentira, pero ya fue demasiado tarde para
recular, lamentablemente”. Es cierto que él y
Margüello se conocían, e Inclán acabó involucrado precisamente por eso. Se
decía que “tenían una relación de amistad”, e Inclán no negó en ningún momento
que así fuera: “nunca he negado que me unía un lazo de amistad con el Doctor
Margüello, pero eso nunca influyó en mi imparcialidad”. Así, aprovechó para
explicar que los contratos con la empresa que decían que era del señor
Margüello comenzaron en 1996; “mucho antes de ser yo Consejero de Sanidad”
(2000), aclaró.
El
Ex Director de Contratación del Departamento de Sanidad, Josu Garay, vivió el
desarrollo de la Comisión de Investigación desde
dentro porque estaba trabajando en el Parlamento en aquel momento, por ello,
cuando le preguntamos por su opinión sobre la imparcialidad de la Comisión de
Investigación, nos dijo: “Mi respeto por la institución parlamentaria me impide
expresarme con toda la crudeza. Sólo diré que hubo grupos políticos que
manifiestamente no quisieron averiguar la verdad, sino “armar” su teoría de la
conspiración”.
Chivo expiatorio
¿Y
qué tiene que decir José Carlos Margüello de todo esto? El entonces jefe de
sección de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces (no director, como
repetidamente se publicó), cree que “ha habido más de un chivo expiatorio”.
Dice: “vistas las resoluciones judiciales habidas hasta ahora, todas a favor de
lo que hicimos, creo que chivos expiatorios fuimos todos. Lo malo es que creo
que nadie va a pagar por este montaje”. Y aparte, no entiende por qué pusieron su nombre al caso, cuando, según él, se
trataba de un “caso político” y él “nunca ha sido político”.
Mikel
Segovia, él afirma rotundamente que no hay sentencias que declaren que las tarifas
autorizadas a las empresas sanitarias implicadas fueran legales. Sin embargo,
Garay dice que sí estaba justificado el incremento de las tarifas: “No es que
lo diga yo, es que precisamente estas últimas semanas se han dictado ya, al
menos, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sin
posibilidad de recurso, que avalan aquellas subidas y que incluso reprochan al
Departamento de Sanidad dirigido por Bengoa el haber obstaculizado la
aplicación de las clausulas legales de un contrato”.
Pero
lo que aquí se analiza no es si hubo quebranto económico, prevaricación o
irregularidades, sino más bien ¿Qué cobertura informativa hay ahora que esas
sentencias, efectivamente, existen? ¿Se les ha dado la misma importancia que a
las acusaciones vertidas en esos años del 2009 al 2011? Jon Lezertua, ex jefe
de prensa del Departamento de Sanidad y periodista durante 15 años, dice que no
ha visto nunca una campaña “orquestada tan claramente a favor de unas teorías
que convenían al Gobierno de turno como la que
se dio en este caso”.
Según Lezertua, la actuación de aquellos
medios fue “básicamente, no profesional”. Afirmó que no contrastaron las
fuentes, dieron absoluto pábulo a las acusaciones e ignoraron los argumentos de
los que se querían defender. Para él, esto le ha hecho llevarse una “gran
decepción con la profesión”, porque: “Ahora que la verdad ha salido en los
juzgados (en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado), nadie ha
tenido un mínimo interés en reflejar que lo que se acusó era mentira.”
Mikel Segovia, sin embargo, tiene una opinión bien
distinta. Él cree que sí aspiró a la objetividad “perfectamente”, aunque todos
los afectados niegan que se dirigieran a ellos ni una sola vez, y que ni los
informes del Ararteko, ni las
sentencias definitivas hayan tenido, hasta el momento, reflejo alguno en su
periódico. No mostró curiosidad ni se las pidió cuando esta reportera le
confirmó que tenía delante las sentencias que él decía no conocer, sino que colgó
abruptamente el teléfono.
Nadie ha pedido disculpas
Después de todo lo acontecido, hay que preguntarse ¿qué
ha ocurrido con los acusados? Apenas se han visto noticias que informen sobre
estas sentencias. Por aquel entonces se hizo mucho hincapié en lo que,
supuestamente, hacían “mal”, pero ahora que se ha demostrado que los hechos no
fueron tales, se respira una cierta indiferencia sobre ello. Cierto es que una
publicación (Deia 20 febrero de 2013)
ha dicho: “Lo del Caso
Margüello… desde el primer
minuto se parecía bastante a un ajuste de cuentas personal (en el que, por
cierto, se utilizaron medios y recursos públicos). El sobreseimiento de la
causa contra José Ramón Elorriaga fue la mejor demostración”. Pero sólo ha
sido en un artículo de opinión del señor Koldo Anasagasti.
Elorriaga, uno de los principales acusados, después de no haber sido
juzgado ¿Le ha compensado haber sido declarado inocente? Él cree que nada
compensa los dos años que pasó siendo “vapuleado injustamente” y la angustia de
no entender por qué le sucedía aquello. Y al hilo de lo de antes, declaró: “Me siento dolido,
estafado y denigrado. Siento que todo el mundo se acuerda de las acusaciones y
muy pocos de que no es que me absolvieran, es que ni siquiera llegaron a juicio
porque los Tribunales consideraron que no tenían sentido”.
Por
otro lado, se podría pensar que la reputación de Margüello quedó totalmente
manchada por estas acusaciones, y él así lo cree cuando dijo que, sin duda, su
imagen se ha visto, literalmente, machacada. Pero no todo son malas noticias.
El ex jefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces dijo: “Afortunadamente, tengo una larga trayectoria
en el sector sanitario y mantengo muchas y muy buenas relaciones con casi todas
las personas que son alguien en el sector salud”.
En definitiva, las resoluciones judiciales finales no han
visto la luz en los medios informativos. Ninguna de las sentencias que se han
mencionado se han publicado hasta el momento en
los medios, y eso sólo implica una cosa: que los que conocieron el caso desde
fuera, se han quedado con lo que los medios dijeron, es decir, acusaciones de
irregularidades, de prevaricación, de quebranto económico y de “trama de
corrupción”. Aunque esas
malas noticias tuvieron su profuso reflejo en los medios desde el principio,
seguramente habrá que esperar a que no quede ni el más mínimo resquicio ni recorrido
judicial para que, en este caso y por contraposición, las buenas noticias
acaben teniendo el reflejo que merecen, o como dice el Doctor Margüello,
“Cuando el Juzgado de lo Penal nº 3 de Bizkaia termine sus Diligencias previas
y cuando el previsible recurso de la Fiscalía se resuelva definitivamente en la
Audiencia Provincial. Es decir, cuando el Caso ya no le interese a nadie.
Tendremos que aprender a vivir con eso”.
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